La historia olvidada de la arquitectura en Colombia: la vivienda rural y la modernización durante la República Liberal

Escrito por Susana Romero Sánchez
Publicado el 04 de Enero, 2022

Este artículo de Susana Romero Sánchez fue publicado originalmente con el título "La historia olvidada de la arquitectura en Colombia: la vivienda rural y la modernización durante la República Liberal" en el número 29° de la revista Dearq el 01 de enero de 2021 (DOI: https://doi.org/10.18389/dearq29.2021.04).

El artículo analiza la “campaña por el mejoramiento de la vivienda campesina”, puesta en marcha por el Instituto de Crédito Territorial durante la República Liberal (1930-1946). En contraste con las narrativas tradicionales sobre la arquitectura moderna en Colombia, que ignoran los experimentos en arquitectura rural o los consideran parte de una prehistoria, aquí se muestra que la vivienda campesina influyó en el posterior desarrollo de la vivienda social moderna. El artículo argumenta que la campaña de vivienda rural era un elemento central de una noción de lo moderno en Colombia, que se basaba en el próspero mediano propietario campesino.

A continuación, lo presentamos como parte de una colaboración conjunta para contribuir a la difusión de investigaciones, análisis y opiniones que la comunidad académica nacional e internacional elabora sobre la arquitectura, los temas de la ciudad y las áreas relacionadas.

Introducción: una nación campesina y moderna

Este artículo cuenta la historia de un episodio olvidado —o, incluso, tomado con indiferencia— de la arquitectura en Colombia: la vivienda campesina. Frecuentemente, esta se asocia con las construcciones vernáculas que caracterizan a los asentamientos rurales, es decir, casas fabricadas con materiales obtenidos localmente como el bahareque y la guadua, techos de paja y, en algunas ocasiones, estructuras rudimentarias e inseguras. Pues bien, la historia a la que este texto se refiere se vincula con los esfuerzos del Estado colombiano para transformar de modo sustancial el ambiente construido en ciertas áreas rurales, a través de una campaña de vivienda campesina que remplazaría esas estructuras rudimentarias, frágiles e “inadecuadas” con casas construidas “técnicamente”. En específico, este artículo se centra en los intercambios de ideas y propuestas que originaron “una campaña por el mejoramiento de la vivienda rural” a cargo del Instituto de Crédito Territorial (ICT), la agencia de crédito y construcción de vivienda social del Estado, creada en 1939. Los arquitectos, por supuesto, intervinieron activamente en estas discusiones y programas.

La historia de la campaña por el mejoramiento de la vivienda campesina revela aspectos centrales sobre las estrategias de modernización del Estado y sugiere que esta produjo consecuencias muy importantes en el desarrollo de la vivienda social en Colombia y de la arquitectura moderna, de manera más amplia. En efecto, la vivienda campesina fue una preocupación primordial del Estado durante la década de 1930, por muy buenas razones y todas relacionadas con las políticas de modernización. En memorandos y reportes oficiales, revistas y periódicos, debates en el Congreso y otras publicaciones, intelectuales y reformistas (como Luis López de Mesa, filósofo de la educación; el ingeniero Alejandro López, y el médico higienista Luis Patiño Camargo), altos funcionarios estatales (como Carlos Lleras Restrepo, ministro de Hacienda y fundador del ICT), banqueros (como Julio Lleras Acosta, tío de Carlos Lleras Restrepo, gerente y fundador del Banco Central Hipotecario) y empresarios (como Mariano Ospina Pérez, el cerebro detrás de la creación de la Federación Nacional de Cafeteros) discutieron el significado de la modernización y las maneras mediante las cuales Colombia podía convertirse en un país moderno. Con propuestas sobre planeación y diseño, los arquitectos contribuyeron a que estos intelectuales, reformistas y altos funcionarios consideraran la vivienda una estrategia fundamental para modernizar el país.

Aunque parezca contradictorio, estos personajes consideraban que Colombia podía ser un país moderno, a pesar de ser sobre todo rural. El concepto de modernización implicaba la posibilidad de romper con el pasado mediante un proyecto político de Estado. Los encargados de diseñar ese proyecto político durante la República Liberal (1930-1946) explícitamente consideraban que Colombia era “ante todo su campo” y, firmemente, creían que podían consolidar una nación moderna y rural. Estos modernizadores entendían que el país en ese entonces era en su mayoría agrario y que la más importante fuente de riqueza era la producción cafetera —en últimas, la caficultura había transformado al país durante las primeras décadas del siglo XX—. Por lo tanto, durante los años treinta, modernizar no significaba (aún) urbanizar e industrializar. En Colombia, de acuerdo con los modernizadores, la ruptura sustancial con el pasado no se realizaría mediante la expansión de la industria y la proletarización de los campesinos en las ciudades; el país rompería con el pasado estableciendo la presencia del Estado nacional en zonas rurales donde estaba ausente y transformando condiciones como la pobreza, el analfabetismo o la insalubridad, las cuales a lo largo de su historia habían impedido la materialización del sujeto nacional ideal: el mediano, próspero, mestizo, propietario rural. Para ello era necesario solucionar los conflictos sociales sobre la tierra que se vivían en varias regiones del país, anclando la población rural al campo, promoviendo la economía agraria y consolidando una dinámica clase campesina.

¿Una prehistoria de la modernización?

La idea de que una sociedad predominantemente rural podía ser moderna cuestiona las narrativas tradicionales sobre la modernización y lo moderno en Latinoamérica. Con frecuencia se asume que los latinoamericanos adoptaban acríticamente las ideas sobre modernidad que provenían de Europa y de Estados Unidos, sin considerar las condiciones reales de las sociedades en las cuales esas ideas se materializarían. Esto no significa que los colombianos pensaran en la modernización en desconexión con el resto del mundo. Del mismo modo, que en los años treinta el campo fuera el motor de la modernización en Colombia no indicaba que la urbanización y la situación social en las ciudades no generaran preocupación y que los gobiernos municipales y sus élites no intervinieran en la realidad urbana. En últimas, fue en respuesta a la necesidad de procurar el “embellecimiento” de Bogotá y regular su crecimiento que los liberales contrataron a Karl Brunner —un europeo— como director del Departamento de Urbanismo de la municipalidad, a finales de 1933. Sin embargo, con la creación del ICT como una agencia de crédito y construcción de vivienda rural, el Estado colombiano introdujo el asunto de la construcción de vivienda como una estrategia nacional de modernización a través de la planeación rural, no urbana.

Un análisis de la vivienda rural que privilegie el contexto histórico en el cual se creó el ICT, examinando a fondo sus fundamentos y objetivos, revela que la historia de la vivienda campesina no es un evento desconectado de la historia de la vivienda moderna en Colombia. De manera más general, entender las políticas de vivienda campesina en el contexto de la larga historia de la modernización en Colombia muestra que la década de 1930 no fue un periodo “premodernizante” o de transición hacia el Estado desarrollista que se consolidó hacia finales de la década de 1940 —uno que efectivamente privilegiaba la industrialización y la urbanización ordenada como ideales de lo moderno—. Durante la década de 1930, el Estado colombiano ya era modernizante y desarrollista, pero el significado de lo moderno era espacialmente diferente, ya que se centraba en el campo y no en las ciudades.

Por supuesto, las ideas sobre lo moderno y la modernización de la primera mitad del siglo XX en Colombia tenían raíces en procesos anteriores definidos por la compleja relación entre lo urbano y lo rural. Al igual que en otros países latinoamericanos, las políticas de modernización en Colombia durante el siglo XIX buscaban expandir la agricultura comercial y establecer un mayor control político sobre la dispersa población rural. En ese sentido, aunque los mayores beneficiarios de ese tipo de progreso fueron comerciantes y especuladores urbanos —de hecho, las ciudades de la Belle Epoque de finales de siglo se consolidaron gracias a la expansión agrícola y comercial—, transformar el campo era un requisito para alcanzar el anhelado “progreso”. Bajo lemas como “gobernar es poblar”, los gobiernos latinoamericanos buscaron transformar el campo con políticas de colonización de tierras e inmigración. En Colombia, a diferencia de otros países, la colonización de tierras condujo, en ciertas regiones, a la formación de un campesinado nativo, mestizo e independiente, el cual impulsó el capitalismo agrario de finales de siglo. En especial, dicho productor rural independiente fue el eje de la mayor expansión económica que el país había experimentado hasta entonces: el auge cafetero.

El proyecto modernizador de la República Liberal buscaba reproducir el modelo ideal del pequeño propietario cafetero (un campesino independiente, mestizo y próspero) de las montañas occidentales del país, desconociendo la enorme diversidad social y espacial del campo colombiano. La ruptura con el proyecto decimonónico consistía en reconocer las consecuencias negativas del capitalismo agrario, corregir las falencias estatales y fortalecer al sujeto campesino. En este contexto, la vivienda campesina se convirtió en una herramienta central del desarrollismo impulsado durante la República Liberal.

Sin embargo, para los historiadores de la arquitectura en Colombia, la década de 1930 es una “prehistoria” o una etapa de transición hacia la consolidación de la arquitectura moderna. Es el tiempo durante la cual el ejercicio de la arquitectura se institucionaliza con la creación de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Nacional, la formación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la centralización en el Ministerio de Obras Públicas de la mayor parte de la actividad constructora del Estado. Es cuando los primeros signos de funcionalismo se dejan ver en medio de una experimentación estilística que mezclaba estilos importados con propuestas orgánicas. En cuanto a la historiografía sobre vivienda social, esta le ha puesto muy poca atención a los programas de vivienda rural, por considerarlos la prehistoria de los programas masivos y urbanizadores.

De acuerdo con la historiografía tradicional en arquitectura, durante los años treinta el Estado todavía no había adoptado plenamente los principios modernos sobre la vivienda (urbana), ya que los procesos de urbanización e industrialización eran incipientes en el país. Estas interpretaciones definen a la campaña de vivienda campesina como parte de una etapa “higienista” e incipiente de la política de vivienda social. Por lo tanto, las narrativas tradicionales sobre la arquitectura moderna en Colombia, muy enfocadas en las propuestas formales y urbanas, han olvidado la importancia de la producción arquitectónica durante la República Liberal, en particular las discusiones sobre la vivienda campesina, considerándolas manifestaciones de una época de transición hacia la consolidación de la arquitectura moderna. Sin embargo, estas narrativas separan el ejercicio de la arquitectura de su contexto político, económico y social, al desconocer que hacia la década de 1930 en Colombia ya existía un proyecto de desarrollo fundamentalmente moderno.

Planeación rural

La narrativa tradicional sobre la historia de la arquitectura en Colombia ha entendido la relación entre arquitectura y modernización como si la modernización política, económica y social fuera simplemente el contexto donde se desenvuelve la práctica de la arquitectura. En este sentido, según esta narrativa, el desarrollo de la arquitectura se dio de manera paralela a la modernización del país, no en conexión con ella. Pero la relación entre las labores de los arquitectos y las labores de los agentes de modernización del Estado es dialéctica, es decir, así como los proyectos arquitectónicos reflejaban la preeminencia de ciertos ideales políticos y sociales, los arquitectos contribuían a la construcción (literalmente) de esos ideales. En otras palabras, arquitectos y urbanistas eran agentes centrales de los proyectos de modernización social ya que, desde muy temprano, le ofrecieron al Estado una herramienta fundamental para materializarlos: la capacidad de reorganizar el espacio social a través de la planeación y la construcción. Por lo tanto, el análisis de las ideas sobre el ambiente construido y las propuestas sobre cómo transformarlo es fundamental para entender cómo se conceptualizaba lo “moderno” y la modernización en Colombia. Los arquitectos estaban en constante diálogo con altos funcionarios estatales, por medio de propuestas sobre planeación, construcción de infraestructura y vivienda. Tal vez estos proyectos no se hayan realizado, o no hayan funcionado como se esperaba, pero su discusión y elaboración constituyen procesos fundamentales en la historia de la modernización en Colombia.

Las propuestas de los arquitectos sobre estrategias para transformar el campo colombiano en el corazón de un país “moderno” comenzaron a mediados de la década de 1930. Una de estas se plasmó en Arquitectura aldeana y rural, una cartilla de construcciones rurales elaborada por el arquitecto antioqueño Gonzalo Restrepo Álvarez, en 1935. Era parte de la Biblioteca Aldeana o una serie de publicaciones que eventualmente conformaron la colección de bibliotecas rurales que se llevaron algunos municipios como parte del programa de Cultura Aldeana. Este último fue ideado por el ministro de Educación del primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), el antioqueño Luis López de Mesa, para promover la “cultura campesina” y llevar programas educativos a las zonas rurales. En consecuencia, el principal objetivo de la cartilla era educar: propagar entre constructores artesanales, propietarios y trabajadores rurales nociones fundamentales sobre materiales, estructuras y técnicas de construcción. Para este fin, Restrepo Álvarez elaboró una cartilla sencilla e ilustrativa con indicaciones sobre cómo escoger el mejor suelo, preparar el terreno para sentar las bases de la construcción, levantar la estructura y seleccionar materiales.

Una primera mirada a la cartilla sugiere que la principal preocupación que animaba su publicación, y la necesidad de mejorar la vivienda en el campo, era la solución de los problemas de higiene. Por ejemplo, uno de los capítulos explicaba métodos detallados para construir letrinas y baños, mecanismos para manejar residuos y basuras y garantizar el acceso al agua potable. De hecho, se puede afirmar que la campaña por la vivienda rural era, en efecto, “higienista”. Sin embargo, al analizar las propuestas sobre vivienda rural en el contexto más amplio del desarrollo y la modernización, así como su discurso higienista, estas revelan su carácter político más amplio. La construcción de vivienda y el planeamiento rural se constituían como una manera de facilitar una de las principales políticas agrarias de los años treinta, encaminadas a solucionar el intenso conflicto social que se vivía en ciertas áreas: la parcelación y la redistribución de tierras. La higiene, en realidad, era un discurso políticamente neutral que les permitía a los funcionarios estatales intervenir en asuntos mucho más sensibles relacionados con la propiedad sobre la tierra. Fundamentalmente, los promotores de la campaña de vivienda campesina, como Carlos Lleras Restrepo, esperaban que facilitando el acceso a la propiedad rural, a través de la intervención estatal en municipios y veredas, los campesinos se anclaran a la tierra y se consolidara la tan anhelada clase media rural.

La cartilla de construcciones rurales sugiere que una de esas formas de intervención era la planeación espacial en zonas de conflicto y donde se estaban realizando programas de colonización y parcelación de tierras. La cartilla incluía un plano para la Colonia Agrícola de Sumapaz, un proyecto de colonización y parcelación de tierras del Estado, creado en 1929, en la región comprendida entre los municipios de Icononzo y Cunday (Tolima) y Pandi (Cundinamarca). Restrepo Álvarez y Roberto Ancízar Sordo recrearon una “aldea jardín” como modelo de desarrollo de esta colonia agrícola.

La historia olvidada de la arquitectura en Colombia: la vivienda rural y la modernización durante la República Liberal - Imagen 5 de 6 — Figura 1. “Una aldea-jardín en la Colonia Agrícola de Sumapaz”. Diseño de Roberto Ancízar Sordo y de Gonzalo Restrepo Álvarez. Fuente: Restrepo Álvarez, Arquitectura aldeana y rural.. Image Cortesía de Revista Dearq

No era casual el hecho de que el proyecto de la aldea jardín se centrara en la Colonia Agrícola de Sumapaz. Era el epicentro de la movilización campesina desde los años veinte. En la zona, ligas campesinas y asociaciones de colonos rurales se habían organizado para reclamarle al Estado nacional un acceso más justo a la tierra, el agua y otros recursos, y los mercados. Es más, era una región en la cual el conflicto sobre la tierra se había convertido en un problema particularmente complejo y caracterizado por una gran confusión sobre los títulos de propiedad. En esta zona, grandes hacendados y comerciantes cafetaleros se habían beneficiado de olas de colonización campesina, al reclamar como suyas las tierras de colonos, y estos últimos, aunque habían mejorado sus parcelas, no les tenían títulos formales. Sumapaz era una región de gran importancia política y económica para el Gobierno nacional ubicado en Bogotá, debido a su cercanía a la capital y a que era considerada su despensa. Por lo tanto, solucionar el conflicto en Sumapaz se convirtió en un requisito para el avance de la modernización, puesto que era imposible consolidar la clase media rural si los campesinos no eran propietarios formales. Es más, los gobiernos liberales habían establecido la Colonia Agrícola con el fin manejar el conflicto y crear una clase de activos propietarios campesinos a través de la colonización dirigida de tierras del Estado.

La propuesta de Ancízar Sordo y Restrepo Álvarez era de gran importancia. Provenía, en parte, de las nociones de planeación derivadas de la “ciudad jardín”, planteadas inicialmente por Ebenezer Howard como una estrategia para reducir las graves tensiones sociales que se vivían en las ciudades inglesas, consecuencia de la industrialización y urbanización aceleradas de finales del siglo XIX. La estrategia para desacelerar el crecimiento urbano consistía en que la población se reubicara en pequeñas comunidades semiurbanas y prácticamente autosuficientes donde, a través de la planeación y administración científica, se encontraría un balance entre, por un lado, el beneficio comunitario y la iniciativa individual y, por el otro, las vidas urbana y rural.

Los arquitectos colombianos, al igual que Howard, consideraban que la planeación a través de estas aldeas jardín podía contribuir a la solución del conflicto social (rural, en el caso colombiano) y, por lo tanto, el proyecto de la Colonia Agrícola del Sumapaz tenía una connotación eminentemente política. En últimas, Ancízar Sordo y Restrepo Álvarez propusieron un modelo de asentamiento en el cual los campesinos podían, en teoría, relacionarse de manera cooperativa e independiente. Por tal razón, en la aldea-jardín en Sumapaz los edificios que representaban la vida colectiva se ubicaban en el centro (la iglesia, la escuela, el restaurante escolar, la biblioteca aldeana, la oficina de correos y telégrafos y la casa de Gobierno); mientras que esta área central era de fácil acceso a través de todos los caminos que conducían a las fincas de los campesinos. Pero los arquitectos colombianos invirtieron la conceptualización de Howard sobre la autonomía comunitaria, la cual se basaba en la colectivización de la propiedad agraria. Ancízar Sordo y Restrepo Álvarez privilegiaron la propiedad privada, individual y rural sobre la vida colectiva y pública como solución al conflicto social y a los desequilibrios entre campo y ciudad y entre lo individual y lo colectivo.

Construir viviendas en el campo, por lo tanto, no era simplemente una política higienista. Era una estrategia fundamental para solucionar el conflicto rural, ya que ello permitiría que los campesinos se mantuvieran en sus tierras y evitaría olas de migración hacia las ciudades, como lo preveía el modelo de la ciudad jardín. De hecho, la construcción de vivienda rural había sido discutida y utilizada como una política de planeación en programas de rehabilitación y modernización rural en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Influidos, en parte, por la ciudad jardín, los modernizadores europeos habían implementado programas de colonización y de reorganización de la población rural en varios países con el fin de mejorar la situación social y económica de los campesinos. Carlos Lleras Restrepo, ministro de Hacienda del Gobierno de Eduardo Santos (1938-1942) y creador de ICT, sabía de la posibilidad de utilizar la planeación y la construcción de vivienda como herramientas para manejar los problemas sociales rurales, reorganizando el espacio social en las veredas colombianas. Aunque el diseño de Restrepo Álvarez y Ancízar Sordo no se llevó a cabo, es posible argumentar que los principios que lo inspiraron, a su vez, motivaron a Lleras Restrepo a crear el ICT como una agencia de crédito y construcción de vivienda para campesinos, es decir, un esfuerzo para materializar las nociones de planeación rural.

Aprendiendo de la experiencia

El ICT experimentó de muchas maneras con la construcción de vivienda de bajo costo. Uno de los más importantes, por supuesto, era el aspecto financiero: el instituto diseñó varias estrategias de manera que los préstamos que otorgaba favorecieran a los campesinos más necesitados, principalmente aquellos que no tenían títulos formales sobre sus tierras. Es importante señalar que, aunque casi la mitad de las casas del ICT durante 1939-1942 fueron construidas en Cundinamarca, también llevó sus construcciones a zonas distantes en departamentos como Nariño, Valle, Santander, Cauca, Caldas, Boyacá y Meta. Desde muy temprano, uno de los problemas que el ICT enfrentó al tratar de expandir los beneficios de su campaña a campesinos de todas las regiones del país y de todos los niveles socioeconómicos fue el costo de las construcciones. Este problema no solo se relacionaba —aunque era un aspecto muy importante— con el hecho de que transportar materiales de construcción a veredas donde no llegaba ningún tipo de caminos era muy costoso, al igual que llevar ingenieros o arquitectos profesionales que supervisaran las obras. El problema del costo tenía también que ver con los imprevistos técnicos y los sobrecostos que implicaba la utilización de ciertos materiales que resultaban desconocidos a los constructores locales y la imposibilidad de supervisar todas las obras desde Bogotá.

Para poder construir casas económicas y durables, los arquitectos que trabajaban para el ICT como supervisores experimentaron con materiales y diseños. Por ejemplo, Hernando Vargas Rubiano, como supervisor de las obras del ICT en varios departamentos, utilizó la tecnología del terraconcreto, un material económico, porque permitía utilizar una baja proporción de cemento, y durable. Vargas Rubiano aprendió sobre el terraconcreto durante un entrenamiento en la Universidad de Pennsylvania, el cual fue financiado por la Unión Panamericana y el ICT a finales de 1941 y comienzos de 1942. El ICT quería que Vargas Rubiano visitara proyectos de vivienda rural en el sur de Estados Unidos como parte de su entrenamiento y así conoció del experimento que el arquitecto Alfred Kastner adelantaba con este material en las construcciones que adelantaba en el estado de Virginia. Aunque los resultados iniciales del empleo del terraconcreto en las construcciones campesinas del ICT no fueron muy satisfactorios, el instituto continuó trabajando con este material y otras técnicas de construcción en el laboratorio de materiales creado en la Universidad Nacional en Bogotá.

Adicionalmente, la necesidad de estandarizar diseños, técnicas de construcción y materiales, con el fin de reducir costos y simplificar procedimientos en obra, llevaron a que el instituto publicara una cartilla de construcciones rurales elaborada por el arquitecto Alberto Wills Ferro y el ingeniero Gustavo Maldonado. La Cartilla de construcciones rurales era una guía técnica, con tablas y fórmulas sobre combinaciones, proporciones y métodos constructivos. Wills Ferro, quien era el director de la sección técnica del ICT y también recibió financiamiento del instituto para avanzar estudios de posgrado en Columbia University, daba pasos fundamentales hacia la estandarización y la homogeneización de la construcción de la vivienda social, principios que luego caracterizaron los proyectos de vivienda urbana. Por ejemplo, los nuevos diseños estandarizados de las casas modelo no solo solucionaban inconsistencias y desajustes de diseños anteriores (los arquitectos del instituto comprendieron que las áreas sociales eran menos importantes para los hogares de las familias campesinas que un depósito, por ejemplo, o que en climas cálidos la gente prefería corredores y pórticos exteriores para “tomar el fresco”, que espacios como salones), sino que también le abrían la puerta a tecnologías como la autoconstrucción y la construcción progresiva de vivienda al permitir casas modelo que pudieran ampliarse fácilmente.

Una vez el ICT se embarcó en la financiación y construcción de proyectos de urbanización para los sectores populares, estos se beneficiaron enormemente de la infraestructura, los experimentos, las discusiones y el conocimiento técnico desarrollado para mejorar y hacer más viables las construcciones rurales. También arquitectos como Vargas Rubiano y Jorge Gaitán Cortés, quienes se convirtieron en importantes figuras de la arquitectura moderna en Colombia, comenzaron sus carreras en el ICT, a través del cual establecieron importantes vínculos con las agencias estatales. Aunque Carlos Martínez alguna vez calificó a las casas campesinas del ICT como “desgraciadamente desapacibles, pobres y sin estudio” y a pesar de que para el Estado resultó siendo muy difícil y costoso regular las tensiones sociales en el campo a través de la construcción de vivienda y el crédito, las lecciones aprendidas durante los primeros años de existencia del ICT son fundamentales para entender su historia posterior. No es exagerado afirmar, entonces, que la historia del periodo dorado de la vivienda social urbana y de las grandes urbanizaciones financiadas por el Estado empezó en el campo.

Conclusiones

La historia de cómo y por qué fue creado el ICT y su campaña de construcción de vivienda rural demuestra que la arquitectura rural fue esencial para el desarrollo de los proyectos de modernización de la República Liberal: con ella se buscaba solucionar el conflicto agrario, anclar la población rural a la tierra y mejorar las condiciones de vida en el campo. Aunque la experiencia fue corta y caracterizada por múltiples obstáculos que, en últimas, impidieron la efectiva materialización de la modernización rural liberal, las enseñanzas aprendidas y los progresos técnicos, financieros y sociales marcaron de manera definitiva la política de vivienda social (urbana y rural) en Colombia durante años posteriores. A diferencia de lo sugerido por la historiografía tradicional sobre arquitectura, la historia del ICT nos enseña que la práctica de la arquitectura en Colombia, incluso antes de la consolidación del movimiento moderno, fue mucho más amplia que el trabajo de unos cuantos arquitectos, quienes en sus diseños urbanos adaptaron a las ciudades colombianas propuestas estilísticas y formales provenientes de Europa y Estados Unidos.

Este artículo demuestra cómo la creación del ICT se basó en propuestas sobre planeación rural basadas en la construcción de vivienda para la solución de conflictos sociales y, por lo tanto, el instituto era una estrategia central para solucionar las limitaciones de la modernización rural, no una política marginal e incipiente en un proceso de modernización que se encontraba en su prehistoria. Así, el artículo muestra la importancia de que para el estudio de la historia de la arquitectura en Colombia se consideren las experiencias de los profesionales y expertos vinculados con la construcción de vivienda social (tanto urbana como rural) de una forma más analítica y en conexión con el contexto político y social en el cual las políticas de vivienda fueron desarrolladas.

Notas

La frase entre comillas es de José Vicente Garcés Navas, primer gerente general del ICT, en uno de los innumerables artículos que publicó promocionando la labor del instituto. Véase Garcés Navas, “Campaña por el mejoramiento de la vivienda rural”, 19-29.
Este artículo recoge algunos de los argumentos centrales de mi tesis doctoral en historia, la cual sitúa la creación y los primeros años de operación del ICT en el contexto de las políticas de modernización desde la década de 1920 hasta El Bogotazo. Mis argumentos sobre la modernización se basan en la lectura del Archivo de la Presidencia de la República y otras fuentes publicadas, y sobre el ICT se fundamentan en de las actas de su Junta Directiva, fuente previamente desconocida en los análisis sobre el instituto. Véase Romero Sánchez, “Ruralizing Urbanization”.
Gartner, Informe del Ministerio de la Economía Nacional, 1939, 12.
Véase Romero Sánchez, “Ruralizing Urbanization”, 132-165. La consolidación de una “clase media rural” como ideal de la modernización en Colombia se presentaba como objetivo de ambos partidos, Liberal y Conservador, en sus programas políticos. Véase López, “Idearium liberal (1931)”, 215-224, sobre los idearios del Partido Liberal, y véase “Programa de Acción Social: posición del Partido Conservador con respecto a conflictos entre trabajo y capital”, 1346-1350, sobre el programa social del Partido Conservador.
Durante la década de 1930, las conferencias internacionales de arquitectura y planeación y panamericanas de vivienda y arquitectura se convirtieron en un foro muy importante de discusión e intercambio de ideas. Los profesionales y empresarios colombianos, por supuesto, participaron en dichos foros e intercambios. El asunto de la vivienda rural, por ejemplo, fue discutido formalmente en el Primer Congreso Panamericano de la Vivienda Popular, el cual tuvo lugar en Buenos Aires, en 1939. El jefe de la delegación colombiana era Julio Lleras Acosta, gerente del Banco Central Hipotecario y miembro de la Junta Directiva del recién creado ICT. Representantes de Argentina, la Liga de las Naciones y Colombia evidenciaron cómo las políticas de vivienda rural eran centrales para el desarrollo económico y social nacional. República Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Primer Congreso Panamericano de la Vivienda Popular, 41-50, 288-293, 576-577.
Sobre la relación entre el campo y la ciudad en la evolución de las ideas sobre lo moderno durante el siglo XIX, véase Romero, Latinoamérica, las ciudades y las ideas, capítulo 3. La centralidad del campo en un proyecto moderno que en últimas privilegiaba a la ciudad como centro de la “civilización” explica, por ejemplo, la ambivalencia en el discurso de Domingo Sarmiento, uno de los exponentes más representativos de la noción decimonónica de que la civilidad era urbana, hacia el “barbarismo” idílico y místico del campo. Véase Sarmiento, Facundo.
LeGrand, Frontier Expansion and Peasant Protest in Colombia, 14-17.
Arango, Arquitectura de la primera modernidad en Bogotá, 12-23; Arango, Historia de la arquitectura en Colombia, 249-254; Niño Murcia, Arquitectura y Estado, capítulo 10; Niño, “Colombia”, en Bergdoll et al., Latin America in Construction: Architecture 1955-1980, 173-175. Carlos Niño, al analizar los proyectos arquitectónicos para escuelas rurales durante la República Liberal, aunque reconoce que los gobiernos Liberales buscaron la modernización del país, considera este proyecto mayormente fallido y a la arquitectura producida como una manifestación de una “primera modernidad”. Véase Niño Murcia, “Política y arquitectura”.
Saldarriaga et al., Estado ciudad y vivienda, 35-38. Los recuentos históricos publicados por el mismo ICT refuerzan la idea de que la campaña de vivienda campesina fue corta y no tuvo mayor impacto en la historia de las políticas de vivienda en el país. Véase, por ejemplo: Instituto de Crédito Territorial, Una política de vivienda para Colombia; Instituto de Crédito Territorial, Apuntes sobre el desarrollo urbano; Inurbe e Instituto de Crédito Territorial, Medio siglo de vivienda social en Colombia, 1939-1989.
Sobre el programa de Cultura Aldeana, véase Silva, República Liberal, intelectuales y cultura popular, capítulo 3. Restrepo Álvarez provenía de una familia vinculada al sector de la construcción y al desarrollo urbano de Medellín y, por lo tanto, muy conectado con las élites modernizadoras de Antioquia y de Colombia. Su hermano Antonio ocupó cargos en la administración municipal y lideró la construcción de varios edificios públicos en la ciudad. Véase Cámara de Comercio de Medellín. 100 empresarios: Historias de vida.
Restrepo Álvarez, Arquitectura aldeana y rural.
Alfredo García Cadena, gerente del Banco Agrícola Hipotecario, encargado de la parcelación y distribución de tierras, defendía la construcción de vivienda rural, enfatizando la importancia de ofrecerles a los campesinos la oportunidad de gozar de una “casa bonita, saludable e higiénica”, en el contexto de las controversiales parcelaciones desarrolladas por el Banco. Véase Banco Agrícola Hipotecario, La parcelación de tierras en Colombia.
La historiografía sobre las políticas de higiene, salud pública y renovación urbana en varias ciudades latinoamericanas ha mostrado cómo la higiene justificaba la intervención del Estado en los espacios privados de los sectores populares. Véase, por ejemplo: Meade, “Civilizing Rio”: Reform and Resistance; Bliss, Compromise Positions; Armus, The Ailing City. Sobre el caso de Bogotá y las políticas higienistas de prevenir el consumo de chicha, véase Calvo Isaza y Granados, La ciudad en cuarentena.
Sobre la historia de la Colonia Agrícola del Sumapaz, véase: González Arias y Marulanda, Historias de frontera.
La literatura sobre el conflicto agrario en los años treinta es extensa. Véase, por ejemplo: Sánchez, Las ligas campesinas en Colombia; LeGrand, Frontier Expansion; Marulanda, Colonización y conflicto, y Londoño Botero, Juan de la Cruz Varela.
Véase Howard, Garden Cities of To-Morrow.
Ibid., capítulo 2.
Sobre la influencia del movimiento de la ciudad jardín en las discusiones sobre planeación en Europa, véase: Buder, Visionaries and Planner. Entre las políticas de colonización y de mejoramiento de la vida rural en Europa, basadas en programas de vivienda y planeamiento, se encontraban: distribución de tierras (Polonia y Yugoeslavia), repoblamiento y creación de comunidades (Holanda y Suecia), mejoramiento de las condiciones de vivienda rural (Bélgica, Reino Unido, Francia y Holanda) y financiamiento de cooperativas (Alemania). Véase League of Nations, European Conference on Rural Life 1939.
Lleras Restrepo, Reseña histórica del Instituto de Crédito Territorial, 8 y 9.
Los argumentos de esta sección los desarrollé con más detalle en Romero Sánchez, “Ruralizing Urbanization”, 226-255, basándome en las actas de la Junta Directiva del ICT.
Ibid., 250-252.
Ibid., 245; Vargas Rubiano y Vargas Caicedo, “El terraconcreto en Colombia”, 120-124.
Sobre las tecnologías de estandarización y prefabricación utilizadas en los proyectos urbanos del ICT a partir de finales de los años cuarenta, véase: Sánchez Holguín, “Colombia´s History of Modern Architecure”, 114-123.
Wills Ferro y Maldonado, Cartilla de construcciones rurales. Sobre la cartilla, véase Ramírez Nieto, “El Instituto de Crédito Territorial”. Carlos Niño, con razón, sostiene que los diseños rurales de arquitectos como Restrepo Álvarez imponían en las sociedades rurales tipologías urbanas al incluir comedores y salas, por ejemplo, dado que para muchas comunidades campesinas la vida social sucedía al aire libre, no en las casas. Véase Niño, Arquitectura y Estado, 216. Sin embargo, es importante anotar que la experimentación del ICT con la vivienda rural no solo condujo a que los arquitectos reconceptualizaran los principios rectores de la construcción de vivienda, sino que creó la necesidad de que se vincularan expertos en asuntos sociales para que las propuestas técnicas fueran coherentes con las necesidades y costumbres de los beneficiarios. Este fue un aprendizaje que ocurrió durante el proceso de construcción de vivienda rural.
Proa n.º 6 (enero de 1947), 29.

Bibliografía

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